Revolución francesa. La Asamblea Legislativa declara a los aristócratas, clérigos y burgueses emigrados "sospechosos de conjura contra la patria" y confisca sus bienes, conminándoles a regresar al país antes del 1 de enero de 1792 si no quieren ser declarados culpables de dicho cargo y condenados a muerte por contumacia.