Se publica el decreto de expulsión de los judíos de los Estados que dependen de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón. Se señala un plazo de tres meses, cuyo término será el primero de julio, para que los ciudadanos judíos de dichos territorios opten por la conversión al cristianismo o el destierro; en ese tiempo, se les permite enajenar sus bienes con la restricción de no poder sacar oro, plata ni mercancías vedadas.